Las políticas públicas que en materia de turismo ha venido implementando la nueva administración federal en los ocho meses que lleva gobernando, muestran diversos cambios, algunos de ellos fundamentales.
Quizá la idea macro, que engloba a todas las variaciones que se están dando en este tema, sea la que hizo pública desde su campaña electoral el actual Presidente de la República: ya no deben existir paraísos turísticos, llenos de lujos y diversión de alto costo, junto a infiernos de marginación, donde suelen vivir los trabajadores que durante el día atienden sonrientes a los turistas en esos hoteles donde hay todo y de a mucho, y por la noche regresan a sus colonias que en no pocos casos carecen de servicios básicos.
Nadie, con un mínimo de conciencia social, puede oponerse a esta idea. Porque no se trata de que desaparezcan los desarrollos hoteleros que son tan importantes para la industria turística nacional y, por tanto, para la economía del país, sino por el contrario, de que la existencia de esa infraestructura que se enmarca en lo que conocemos como turismo premium y el dinero que genera a sus dueños, sirva también para que sus trabajadores tengan un nivel de vida no solamente digno, sino que les permita ascender dentro de eso que llaman permeabilidad social.
Y el principal cambio de enfoque y metas precisamente tiene que ver con esto, con impulsar el tipo de productos turísticos que motiven a los viajeros a gastar más, para generar una mayor derrama económica que, en una primera instancia, porque su impacto suele ser directo, beneficie a esos trabajadores que atienden a los turistas.
Esto es que ahora, en lugar de trabajar para atraer a la mayor cantidad de visitantes extranjeros posibles, más importante que eso es afinar la puntería para provocar que la mayoría de los turistas que lleguen sean de alto poder adquisitivo y, por lo tanto, la derrama económica que generen sea mayor. Es decir, que ahora el gobierno privilegia el gasto de los viajeros por encima de la cantidad de éstos.
Todo esto ha sido parte del nuevo discurso oficial desde los días de la campaña electoral para la Presidencia de la República; sin embargo, no se había especificado cuáles son las metas que se perseguirán a lo largo del sexenio para alcanzar qué números.
El actual gobierno federal recibió la industria con los siguientes indicadores: el sitio siete en el ranking de llegada de turistas internacionales, de la Organización Mundial del Turismo, y el número quince en cuanto a la captación de divisas. Y hace unas semanas se dio un primer dato sobre lo que se pretende: terminar el sexenio dentro del top ten de captación de divisas.
Y esta semana, al dar a conocer el relanzamiento de la plataforma VisitMexico, la Secretaría de Turismo precisó aún más cuáles son las metas sexenales: terminar el año 2024 —último del sexenio— con el arribo de 55 millones 300 mil turistas extranjeros y una captación de 31 mil 600 millones de dólares.
Si tomamos en cuenta que en 2018 llegaron 41 millones 447 mil viajeros foráneos, que dejaron una derrama de 22 mil 510 millones de dólares, podemos ver que las metas del gobierno son incrementar en trece millones 853 mil los turistas en este periodo de seis años, lo que representaría un incremento de 33.42 por ciento sexenal, con un crecimiento promedio anual de 5.57 por ciento.
A su vez, las divisas deberán crecer en 9 mil 90 millones de dólares, que sería un alza sexenal de 40.38 por ciento y un crecimiento medio anual de 6.73 por ciento.
En ambos casos: turistas y dinero, la meta de crecimiento promedio anual es superior al crecimiento mundial proyectado por la OMT.
La carrera apenas tiene ocho meses que comenzó y es larga, pero ante las críticas que muchos consideran prematuras, ya se tienen las metas finales para, al término del camino, constatar qué tan atinadas fueron estas nuevas políticas públicas en materia de turismo.